Cláusulas imprescindibles en un contrato mercantil para tu empresa

Un buen contrato mercantil no es el más largo, sino el que deja claro qué se compra o se presta, cuánto se paga y cuándo, qué pasa si algo sale mal y cómo se resuelve un desacuerdo. Las cláusulas que no deberían faltar son: objeto, precio y plazos de pago (con los límites de la ley de morosidad), penalizaciones, limitación de responsabilidad, confidencialidad, protección de datos, resolución del contrato y jurisdicción, incluido cómo se intentará negociar antes de demandar.

Muchas pymes trabajan con presupuestos aceptados por correo o modelos descargados. Funcionan mientras todo va bien. Cuando un cliente no paga o un proveedor se retrasa, lo que no está escrito se convierte en discusión. Revisar los contratos con antelación cuesta menos que litigar sobre ellos.

Objeto y obligaciones de cada parte

Es la cláusula más importante y la que más se descuida. Debe describir con precisión qué se entrega o qué servicio se presta:

• Características, cantidades y nivel de calidad exigible.
• Plazos de entrega o hitos del proyecto.
• Qué queda fuera del encargo, para evitar discusiones sobre «trabajos extra».
• Cómo se acepta la entrega y en qué plazo pueden comunicarse defectos.

Cuanto más concreto sea el objeto, más fácil será demostrar un incumplimiento o defenderte si te acusan de uno.

Precio y plazos de pago: ¿cuál es el plazo máximo legal?

En las operaciones comerciales entre empresas o profesionales se aplica la Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad. Sus reglas básicas son:

• Si el contrato no fija plazo, el pago debe hacerse en 30 días naturales desde la recepción de las mercancías o la prestación de los servicios.
• Las partes pueden ampliarlo por acuerdo, pero en ningún caso por encima de 60 días naturales.
• Si hay un procedimiento de aceptación o comprobación, no puede durar más de 30 días naturales.
• El proveedor debe enviar la factura en los 15 días naturales siguientes a la entrega o prestación.

Si el cliente se retrasa, los intereses de demora se devengan automáticamente, sin necesidad de reclamarlos. Si no se ha pactado otro tipo, se aplica el interés legal de demora comercial: el tipo del Banco Central Europeo más ocho puntos, que se publica cada semestre en el BOE. Además, el acreedor puede reclamar una cantidad fija de 40 euros por costes de cobro, más los costes acreditados que la superen.

Las cláusulas sobre plazos de pago, intereses o costes de cobro que sean manifiestamente abusivas en perjuicio del acreedor son nulas. Esta ley no se aplica a los contratos con consumidores, que tienen su propia normativa.

Si ya tienes una factura pendiente, te explicamos los pasos en cómo reclamar una factura impagada.

Penalizaciones y limitación de responsabilidad

Cláusula penal

Una cláusula penal fija de antemano qué pagará la parte que incumpla: por ejemplo, una cantidad por cada día de retraso en la entrega. Tiene dos ventajas: disuade y evita tener que probar el daño exacto.

Conviene saber que el Código Civil permite al juez moderar la pena cuando la obligación se ha cumplido en parte o de forma irregular. Por eso es importante redactarla pensando en qué incumplimiento concreto se quiere cubrir y aclarar si la penalización sustituye a la indemnización de daños o se suma a ella.

Límites a la responsabilidad

Especialmente en servicios profesionales, tecnológicos o de mantenimiento, es habitual limitar la responsabilidad: un tope económico (por ejemplo, el importe del contrato), la exclusión de daños indirectos o del lucro cesante, o plazos para reclamar.

Estas cláusulas tienen límites. La responsabilidad por dolo no puede excluirse, y los tribunales examinan con cuidado las limitaciones impuestas en condiciones generales a la otra parte. Una cláusula desproporcionada puede acabar sin efecto, así que es preferible un límite razonable y bien justificado.

Confidencialidad y protección de datos

Confidencialidad

Si vas a compartir precios, clientes, procesos o información técnica, el contrato debe definir qué es confidencial, quién puede acceder, cuánto dura la obligación tras terminar la relación y qué consecuencias tiene incumplirla. La información que reúne los requisitos de la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales tiene además una protección legal específica, pero una buena cláusula facilita mucho demostrar el incumplimiento.

Protección de datos

Cuando un proveedor trata datos personales por cuenta de tu empresa —una gestoría, una agencia de marketing o un servicio informático—, el Reglamento General de Protección de Datos exige un contrato de encargado del tratamiento (art. 28 RGPD) con un contenido mínimo: objeto y duración del tratamiento, instrucciones, medidas de seguridad, subencargados y qué ocurre con los datos al terminar. Puede ir como anexo al contrato principal.

Duración, resolución y salida del contrato

Define cuánto dura el contrato, si se prorroga automáticamente y con qué preaviso se puede poner fin. Y, sobre todo, en qué casos puede resolverse por incumplimiento:

• Qué incumplimientos se consideran graves.
• Si se da un plazo para subsanar antes de resolver.
• Cómo deben hacerse las comunicaciones (correo electrónico con acuse, burofax).
• Qué pasa con los trabajos en curso, los pagos pendientes y la devolución de material o información.

El Código Civil ya permite resolver ante un incumplimiento grave, pero pactar las reglas evita discutir si el incumplimiento era o no suficiente.

Jurisdicción y negociación previa obligatoria

Desde el 3 de abril de 2025, con la Ley Orgánica 1/2025, antes de presentar la mayoría de demandas civiles y mercantiles hay que acreditar un intento de negociación a través de un medio adecuado de solución de controversias (MASC): negociación entre abogados, mediación, conciliación privada, oferta vinculante confidencial u opinión de un experto independiente.

Por eso tiene sentido incluir en el contrato una cláusula que prevea cómo se hará ese intento: a qué dirección o canal se envía la propuesta, qué tipo de MASC se usará y, si se quiere, ante qué institución de mediación. Junto a ella, la cláusula de jurisdicción determina dónde se litigará si no hay acuerdo, o si las partes prefieren someterse a arbitraje.

En Valencia: elegir dónde resolver los conflictos

Si tu empresa está en Valencia y trabajas con clientes o proveedores de otras provincias, una cláusula de sumisión a los tribunales de Valencia puede ahorrarte desplazamientos y costes. Ten en cuenta que esta sumisión expresa no es válida en contratos de adhesión, en condiciones generales impuestas por una de las partes ni en contratos con consumidores. Si prefieres arbitraje o mediación, puedes designar una institución con sede en la ciudad, como la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Valencia.

Puedes consultar el texto vigente de la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en el BOE.

Preguntas frecuentes

¿Puedo pactar con un cliente un plazo de pago de 90 días?

Entre empresas, no. La Ley 3/2004 impide pactar plazos superiores a 60 días naturales. Un pacto que lo supere puede ser declarado nulo.

¿Vale un presupuesto aceptado por correo electrónico como contrato?

Puede valer, porque el contrato no exige una forma concreta en la mayoría de los casos. El problema es que suele dejar fuera cuestiones clave como penalizaciones, responsabilidad o resolución.

¿Sirve un modelo de contrato de internet?

Como punto de partida, quizá. Pero cada actividad tiene riesgos distintos y un modelo genérico puede no protegerte donde más lo necesitas. Cada caso requiere un análisis individual.

¿Qué contratos conviene revisar primero?

Los que más facturación concentran, los de duración larga y los que implican acceso a datos o información sensible. Si tienes socios, revisa también el pacto de socios.

En Alarte & Cruz redactamos y revisamos contratos para pymes y autónomos dentro de nuestro asesoramiento jurídico a empresas. Si quieres que revisemos tus contratos, pide tu primera consulta gratuita o llámanos al 963 736 110.